OPINIÓN
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En este país donde un fallo judicial puede tardar más que una hipoteca y donde un juzgado parece una sala de urgencias sin médicos, uno se pregunta si acaso la justicia colombiana no está, de facto, colapsada. Pero no colapsada como un sistema que explotó. No. Colapsada como un paciente que sigue respirando con ventilador, mientras todo el mundo hace como si estuviera estable.
La rama judicial en Colombia sufre de algo que a estas alturas ya no es una enfermedad, sino una condición crónica: congestión, burocracia, abandono presupuestal, subdesarrollo tecnológico y una cultura jurídica que idolatra el papel timbrado por encima de la resolución efectiva del conflicto.
Voy a desmenuzar el diagnóstico, porque lo vivo y sufro cada semana:
1. Congestión judicial estructural: el monstruo con mil expedientes
Hay despachos civiles y de familia donde el número de procesos supera el 150% de su capacidad instalada. Sí, el Consejo Superior de la Judicatura lo ha dicho varias veces, pero entre decirlo y hacer algo hay un abismo con forma de reforma judicial. Si uno lleva un caso simple de alimentos o un proceso de restitución de bien inmueble, tiene que asumir que durará más que el arriendo no pagado o que el niño ya habrá crecido cuando salga el fallo.
2. Tiempos procesales que insultan la lógica
Un auto admisorio que debería salir en 10 días puede tardar cuatro meses. Un fallo de primera instancia se eterniza como si fuera una sentencia de la Corte Penal Internacional. Y todo esto pese a que el artículo 121 del Código General del Proceso establece términos máximos. ¿Quién responde cuando el plazo se vuelve adorno? Nadie. En los ultimos tiempos la mora judicial no tiene sanción, ni doliente.
3. Una virtualidad de pantalla rota
Nos vendieron la Ley 2213 de 2022 como la modernización definitiva. Pero uno entra a ciertos juzgados y todavía hay cuadernos con folios deshojados, notificaciones escaneadas en formato PNG de pésima calidad y correos que, si llegan, llegan tarde. Es como si viviéramos en dos realidades jurídicas: una en PDF y otra en papiro.
4. Despachos sin jueces y jueces sin equipo
Uno de los secretos mejor guardados del desastre judicial es este: hay sedes sin juez titular, con encargos que se eternizan, y con empleados que no dan abasto. ¿Y quién revisa eso? Nadie. Ni el Consejo Seccional, ni la dirección administrativa. El proceso sigue actuando en modo zombie. La ley avanza sin juez que la pilotee y muchas veces los jueces contribuyen al desastre con su mal proceder y abandono.
5. Formalismo kafkiano
Y cuando por fin alguien decide, aparece el formalismo, esa plaga silenciosa que convierte el derecho sustancial en ritual de paso. La discusión no gira en torno a la justicia del caso, sino a si el abogado firmó a la izquierda o a la derecha, si usó comillas francesas o si olvidó anexar el certificado de existencia y representación con fecha inferior a 30 días. Y como decía Kafka: La ley, para quien no la conoce, es un abismo; para quien la conoce, es una trampa.
6. La farsa de la vigilancia judicial
Existe la figura de la vigilancia administrativa. ¿Sirve? En teoría sí. En la práctica, a menos que haya prensa o un derecho de petición amenazando con tutela, la respuesta es un memorial lavado, lleno de excusas procesales, pero sin medidas disciplinarias reales. Como todo en la justicia colombiana, se responde con palabras, no con acciones.
¿Y por qué hay juzgados que sí cumplen?
Y aquí viene la parte incómoda: sí hay despachos judiciales que, pese a todas las falencias estructurales, cumplen. Pocos, pero los hay. Donde el juez resuelve en términos, donde los autos sí salen, donde las audiencias no se aplazan porque “el sistema no sirve” y donde la virtualidad funciona. ¿Cuál es el secreto? No es magia. Es orden. Es gerencia. Es compromiso. Es liderazgo.
Eso demuestra que la tragedia no es inevitable, que la justicia lenta no es una condición biológica del Estado colombiano, sino una expresión de desorganización institucional. Si unos pocos lo logran… ¿por qué los demás no?
¿Entonces qué?
Lo que hay, Doctores, es un colapso funcional que produce impunidad civil, rompe la fe en el sistema y vuelve al abogado litigante una especie de prestidigitador que tiene que hacer maromas para conseguir algo tan básico como que le corran traslado. Si no fuera trágico, sería gracioso. Pero esto no es comedia. Es el drama diario de miles de ciudadanos.
Y como decimos los litigantes, con la resignación que da la costumbre:
Justicia que duerme no se le puede pedir que despierte con alarma legal.
Felipe Acosta 
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